Han pasado ya bastantes años desde que en 1978 entrara en vigor la actual Constitución. En aquel momento las principales prioridades eran dotar a la incipiente reforma política del país, de un marco legal que facilitara la transición entre una dictadura y la democracia de la manera menos traumática posible, y en un entorno controlado y de concordia. Quizás por ello desde el principio, se articuló un sistema bastante férreo que dejaba muy poco margen a la participación directa de los ciudadanos en las decisiones que podían afectarle de manera más importante, y se prefirió depositar prácticamente toda la soberanía del pueblo, en un sistema representativo a través de partidos políticos.
Con sus defectos el sistema funcionó de manera aceptable hasta que, con el devenir de los años, fue pervirtiéndose por las acciones de los partidos políticos mayoritarios que, atribuyéndose todo el poder a sí mismos, comenzaron a desvirtuar algunos puntos fundamentales del sistema. Se comenzó por dejar sin efectos prácticos la necesaria separación de poderes al pactar el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. Se continuó con despreciar, o no tener en cuenta, cualquier iniciativa popular a través de la recogida de firmas que se presentaba en el parlamento, y recientemente se ha cerrado otro camino de participación política, con la aprobación de la última reforma de la LOREG que cercena la posibilidad de que los partidos minoritarios, la voz de miles de ciudadanos de este país, puedan presentarse a unas elecciones, instaurando - al menos en el ámbito de todo el Estado- un sistema ya totalmente bipartidista de “facto”, aunque no sea así de manera formal.
Ahora en plena crisis y con la aparición del efecto 15-M, lo que para muchos ciudadanos era desde hace bastante tiempo un defecto importante de nuestra democracia que debía ser subsanado, es también una necesidad compartida por un número mayor de españoles.
Cada día que pasa se hace más patente que nuestro sistema debe pasar por un filtro rejuvenecedor que lo dote de mayor contenido democrático en fondo y forma, y que sepa adaptarse a las posibilidades que los medios tecnológicos de hoy en día ya permiten.
No es presentable que la única manera práctica de representación de la soberanía popular sea mediante unas organizaciones políticas que, ellas mismas en su estructura interna, no son para nada un ejemplo de funcionamiento democrático.
Es una cuestión de aútentica justicia que se adopten las medidas necesarias para que nuestra democracia, pase por un proceso de mejora y adaptación a las nuevas demandas sociales, y utilizando además los medios que la tecnología pone a nuestra disposición. Medios que cada vez más, ponen en entredicho a una democracia representativa como única manera que nuestras opiniones sean escuchadas en el parlamento.
La necesidad de perfeccionamiento de nuestra democracia no es de ahora, es un tema que se viene suscitando desde diversos sectores intelectuales y políticos desde hace muchos años, no descubrimos nada nuevo. Es importante citar desde este aspecto, un trabajo del antropólogo Eduardo Adsuara titulado: “Democracia Mixta” publicado en 1984, que propugnaba una nueva democracia, mezcla de la democracia representativa (inorgánica) por una parte y democracia participativa (orgánica). Una democracia fundada en partidos políticos y en personas escogidas de manera piramidal, que podrían equilibrar mutuamente los intereses de los ciudadanos, y formasen a su vez otra manera de dividir el poder, clave básica de lo que en nuestra opinión, debe fundamentar un estado auténticamente democrático.
En la actualidad un sistema de gobierno que aúne la capacidad de representación de los ciudadanos mediante los partidos políticos, junto a la participación directa del pueblo mediante referéndum o plebiscito, sería sin duda una fórmula mucho más justa que la actual. Sobre todo si, obligatoriamente, las organizaciones políticas adoptasen fórmulas de elecciones primarias entre sus afiliados, y listas abiertas para poder escoger los ciudadanos sus candidatos preferidos.
Pero no solamente los referenda eben convertirse en una fórmula habitual de consulta entre la ciudadanía -algo que hoy en día es más fácil que en etapas anteriores gracias, a como hemos comentado, a medios como Internet etc.- sino que la posibilidad de cambios más profundos como la implantación de candidaturas unipersonales e independientes fuera del ámbito partidista, que formasen un porcentaje apreciable de una o más hipotéticas cámaras parlamentarias, es una fórmula válida que no debería ser despreciada en absoluto. La manera de ser adoptada, ya sea mediante elección directa de los ciudadanos, o mediante una estructura piramidal como la sugerida en el libro antes citado, e incluso una mezcla de ambas, seria una cuestión a decidir libremente. Básicamente de lo que se trataría, aún con el riesgo de complicar técnicamente el funcionamiento de nuestro sistema electoral, seria conseguir un juego de equilibrios entre los órganos decisorios y legislativos de nuestro estado, y todo ello por supuesto, devolviendo al poder judicial nuevamente su total independencia del poder político.
Como conclusión con independencia de la reforma constitucional que se adoptase en aras de perfeccionar nuestro sistema, y transferir al ciudadano mayor capacidad de decidir por si mismo lo que crea mas conveniente para su país, es evidente que transcurridos ya treinta y tres años de nuestra Constitución, esta necesita una revisión profunda. Es una legitima demanda que cada vez está cobrando más fuerza, y harían mal nuestros representantes políticos si no la escuchan y no son capaces de trasladarla al marco legal oportuno, para efectuar los cambios necesarios.
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